Presos de Kilo 8 en Camagüey entre la hambruna y los contagios de COVID-19

Foto/ Prisión Cuba

Presos de la prisión provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, enfrentan una grave escasez de alimentos y casos de COVID-19, según denuncian sus familiares.

Mirtha Díaz Rivero, esposa del prisionero político Leoncio Rodríguez Ponce, indicó a CubaNet que su esposo fue diagnosticado con coronavirus en marzo y que estuvo 12 días en tratamiento.

Ya que las prisiones están cerradas y no permiten a los presos recibir visitas, los contagios dentro de las instituciones implican que es el personal el que no está siguiendo las medidas sanitarias y pone en riesgo a los prisioneros.

A esto se suma la falta de alimentos, pues con las restricciones, precisamente por la pandemia, Díaz Rivero no ha podido hacerle llegar a su esposo alimentos y productos de aseo que les permiten entregar cada 45 días.

“En el mes de julio del pasado año fue la última bolsa de alimentación que pudieron recibir los reclusos de Kilo 8 que no son oriundos de la provincia de Camagüey ─según la dirección del penal─ por no contar con un transporte que traslade la ayuda desde sus provincias de origen hasta la prisión. Dan lástima todos. Se están muriendo de hambre. Imagina, con la crisis que vive el país, si acá en la calle es caótico para los que no tienen dólares, cómo será en las prisiones”, afirma Mirtha.

Las autoridades han puesto en práctica varias veces el cierre total desde que se reportaran los primeros casos de COVID-19 en Cuba, en marzo de 2020, pero también han intentado restablecer la fase de “Normalidad”, lo que ha culminado en rebrotes.

Pero no solo las normas de la prisión han limitado el acceso de los reclusos a recursos de higiene y alimentos, sino que también las restricciones de movilidad entre provincias, pues los familiares con reos en prisiones a distancia no los han podido abastecer.

En ese sentido, el gobierno tampoco ha ideado alternativas que permitan llevarles las provisiones y sacar de la crisis alimentaria a los reclusos.

A esto se suman los maltratos y la censura que viven los presos, pues no se les permite denunciar las carencias que atraviesan durante su encierro.

“A mi esposo le prohibieron usar el teléfono por un mes, pues había denunciado a movimientos de derechos humanos del país la mala alimentación que reciben y todo lo que pasa entorno a la COVID-19”, reveló la esposa de Leoncio.

Los brotes de COVID-19 han sido denunciados desde dentro de las prisiones en Guantánamo, Granma y Camagüey, no obstante, los casos no son contabilizados en el reporte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap), algo que también ha sido denunciado por presos y sus familiares.

Fuente: PERIÓDICOCUBANO

Publicado por Roque

Cubano-Español.

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